Comunidad de Playa Blanca exige a la administración distrital que se cumpla con el plan de inversión para garantizar la tranquilidad de los visitantes que llegan a este destino

Aún sin conocerse el plan de inversión por parte de la administración distrital y no tener claro si se le dio cumplimiento o no, a las disposiciones de la Procuraduría en Playa Blanca, el alcalde mayor de Cartagena, William Dau Chamat, dispuso que no se le dará apertura a este destino turístico toda vez que no se cumple con las disposiciones de una playa biosegura para garantizar la tranquilidad de los visitantes.
La preocupación para los habitantes de esta zona turística de Cartagena es mayor teniendo en cuenta que, en ningún momento, durante el confinamiento o cuarentena, se dispuso de trabajos, inversiones y adecuaciones que se tenían que llevar a cabo por parte de la administración para acogerse a lo dispuesto por los organismo de control cuando se dijo en su momento que lo que estaba ocurriendo en Playa Blanca era una vergüenza nacional.
Aseguran con preocupación que hoy cuando se habla de la reapertura de este destino turístico la responsabilidad quieren hacerla recaer en un 100 % sobre los nativos de Playa Blanca y, contrario a lo que se está planteando, la administración no está haciendo un análisis si se le dio cumplimiento a las disposiciones e inversiones.
“Estamos haciendo un llamado a la sensatez porque aquí no se puede pedir que se vea la situación solamente del lado de los nativos. En su momento se dijo que la administración debía cumplir con ciertas obligaciones en Playa Blanca y no cumplieron nunca con los requerimientos y ahora toda la culpa pretenden que recaiga sobre los nativos. Esto no es justo y necesitamos que el destino se abra porque nosotros vivimos del turismo”, aseguró Leonidas Barrios, habitante de Playa Blanca.
Por su parte, Wilman Herrera Imitola, representante legal del Consejo Comunitario de Caño del Oro, manifestó que lo primero que debe hacer el distrito antes de lanzar juicios y señalamientos es cumplir con unas obligaciones que son indelegables. Esta situación quedó en evidencia antes de que llegara a Colombia la pandemia.
“El distrito no ha cumplido con el plan de inversión. No se ha visto la presencia del Dadis, la presencia de la Secretaría del Interior, no se ha visto la presencia de parques para establecer un plan de contingencia que le permita a los afrodescendientes de Playa Blanca, Barú y Santa Ana acudir a unas labores para poder obtener su sustento diario”, comentó Herrera Imitola.
En ese orden de ideas, antes que salir a dar afirmaciones que no se van a poder cumplir por parte de la administración, asegura Herrera Imitola, que se hace necesario recordar que Playa Blanca goza del privilegio de ser una comunidad étnica y cualquier decisión que se vaya a tomar en el territorio debe consultarse con las comunidades.
“Lo mínimo que se debe hacer es consultar con las comunidades y no estar pregonando amenazas y alarmas para las comunidades; como por ejemplo, que se va a cobrar el ingreso a la playa. No estamos en un régimen dictatorial. Solicitamos la apertura de Playa Blanca y le exigimos al distrito que cumpla con el deber que le corresponde. Así como tomaron la decisión de abrir Islas del Rosario y Choloncito, también creemos que como comunidades étnicas gozamos de los mismos derechos y oportunidades. Es perentorio que se cumpla con los fallos judiciales y en un acuerdo de voluntades se le de apertura cuanto antes a Playa Blanca”, concluyó el representante de las comunidades.

RECORDEMOS LAS OBLIGACIONES INCUMPLIDAS
Cabe recordar que, en su momento, una decisión tras una tutela fallada en segunda instancia, le impuso a la alcaldía la obligación de efectuar un censo de los miembros del Consejo Comunitario de Playa. No se tiene conocimiento si la administración cumplió debidamente con este requerimiento a fin de establecer el control por parte de la administración de foráneos que pretenden llegar a explotar económicamente este bien, degradando el ambiente.
En su momento, el procurador delegado para Asuntos Ambientales, Diego Fernando Trujillo Marín, envió la misiva, recordando el daño ambiental que durante años se ha denunciado y pidió que envíen los expedientes correspondientes en los que consten los requerimientos realizados a las autoridades distritales, al igual que las mesas de trabajo realizadas y los compromisos incumplidos para definir las actuaciones disciplinarias y/o judiciales pertinentes ante omisión de obligaciones por parte del Distrito.
Así pues, los habitantes de Playa Blanca que se despertaron con la ilusión de ver su destino abierto aguardan que la administración cumpla definitivamente con todas y cada una de las obligaciones contempladas en los requerimientos y disposiciones para dejar atrás la marginalidad y la exclusión en la que pretenden mantenerlos.