Un nuevo caso de despojo se registró en el municipio de Turbana – Bolívar y fue puesto en conocimiento ante las autoridades por parte del abogado y veedor Héctor Pérez Fernandez. Se trata de la finca La Sierra que está ubicada en el corregimiento de Ballestas, jurisdicción de esta población del norte del departamento.
Se estableció que el predio en mención tiene únicos propietarios y que, al parecer, la autoridad ya cuenta con las pruebas suficientes en las que se pone de plresente la falsificación de firmas de todos los familiares; entre ellas, por ejemplo, la de un hermano que falleció hace 10 años. La Policía Judicial ya certificó la falsedad de las firmas y huellas e imputó penalmente a los responsables.
El veedor ha señalado que el proceso viene siendo dilatado en procura de que aparezcan los dueños de los terrenos. «Con este proceso ha ocurrido algo bien particular. Estaba en Turbaco y pasó al Juzgado Seis Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cartagena, bajo la jueza María Claudia Delgado Martínez, quien viene dilatando las audiencias: “Primero era para el día 7 de marzo, luego aplazó para el 14 de julio por supuestos problemas técnicos y se descubrió que era falso, por último fijo fecha para el 12 de agosto y tampoco se realizó, no dio los motivos, y finalmente se incapacitó”.
Ante esta situación el abogado precisó que ya hay denuncias penales y de orden disciplinario contra la jueza, toda vez que se estaría favoreciendo los intereses de la cementera CEMEX, empresa que ha tenido múltiples problemas por despojó de tierras en México y Colombia.
La preocupación no cesa para el veedor quien ha señalado además que la familia del campesino Rufino Pájaro Guardo, viene siendo víctima de extorsiones e intimidadciones para poder despojarlo de su predio en Los Cocos, una finca de 12 hectáreas. «Muy a pesar de que se ha puesto en conocimiento de las autoridades, el Inspector de Policía no ha brindado el apoyo policivo a esta familia», concluye Pérez Fernández quien añadió que se están acumulando las pruebas para denunciar a los responsables, y solicitar protección especial a los campesinos.
