Por Rodolfo Díaz Wright
Cartagena vive hoy un experimento político que merece ser contado. En la campaña política a la alcaldía de Cartagena de Indias en 2023, nació un proyecto de gobierno que, lejos de conformarse con la retórica de los programas electorales, logró aterrizar en un plan de desarrollo con nombre provocador: Cartagena Ciudad de Derechos. Ese plan no solo llamó la atención de la academia y los medios nacionales, sino que alcanzó reconocimientos que lo han puesto en el mapa como uno de los más ambiciosos del país.
Lo disruptivo no está en la cantidad de obras inauguradas ni en el número de contratos ejecutados, sino en el cambio de lente: del cemento a la vida. El modelo propone —y aplica— que una escuela no es solo un edificio, sino una fábrica de futuro; que un hospital no se reduce a paredes y camas, sino a la dignidad de la salud; que una carretera no se mide en kilómetros, sino en tiempo ganado para estar con la familia. En otras palabras, no se trata de hacer fiestas y festivales, sino de dinamizar la economía, no de cortar cintas, sino de tejer ciudadanía y sociedad.
Este modelo cartagenero se distancia de la tradición de gobernar a punta de obras visibles para las cámaras y los titulares. Aquí, cada inversión está pensada como un engranaje dentro de objetivos mayores: empleo digno, vida digna, inclusión social, seguridad ciudadana, movilidad inteligente, conectividad y cohesión comunitaria. El gran objetivo es que cada peso invertido tenga un efecto multiplicador en bienestar y equidad, más allá de la estadística de metros cúbicos de concreto.
Ese giro conceptual no surgió de la nada. Bebe de fuentes globales, especialmente del proyecto ONU-Hábitat 2016, que redefinió el sentido de las ciudades como espacios para garantizar derechos y no solo para administrar recursos. Cartagena, al apropiarse de ese marco, entendió que gobernar no es repartir favores ni levantar monumentos efímeros, sino construir ciudadanía, proteger la vida y ampliar las oportunidades.
Lo que empezó como un plan local ha trascendido los límites de la Heroica. Hoy varias ciudades y municipios, estudian y replican el enfoque, conscientes de que el éxito no está en maquillar balances, sino en generar transformaciones sostenibles. Cartagena se convierte así en un laboratorio de políticas públicas donde se mide la calidad del gobierno no por la magnitud de la obra, sino por la magnitud del derecho recuperado y garantizado para todos y cada uno de sus residentes y visitantes.
El desafío es enorme: mantener la coherencia, blindarse contra la tentación del populismo inmediato y garantizar que este modelo sobreviva a los ciclos políticos. Pero si logra consolidarse, Cartagena no solo recuperará su papel de superciudad, sino que podrá erigirse como paradigma de un nuevo urbanismo social y democrático en Colombia. En tiempos de desconfianza hacia la política, este modelo ofrece una lección elemental pero poderosa: el verdadero poder de una ciudad está en devolverle derechos a su gente.
