Por Alvaro Anaya Díaz
El secretario de Planeación Distrital, Franklin Amador, no entendió el mensaje que envió la Procuraduría General de la Nación, PGN, para retomar el proceso de formulación del Plan de Ordenamiento Territorial, POT, y de esta menera bajar la tensión entre las autoridades ambientales, organizaciones sociales y la administración Distrital por el documento incompleto radicado en la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique, Cardique.
Después del anuncio de Cardique, las observaciones y sugerencias de la PGN y la posición del Establecimiento Público Ambiental, EPA –como autoridad local–, Amador Hawkins continuó justificando el trabajo del equipo técnico de la Secretaría de Planeación Distrital y cuenta su versión al cuestionar a los actores del proceso que hicieron recomendaciones al modelo de recibir las propuestas en las fallidas «mesas de trabajo» y socialización de la estructura para ordenar el territorio cartagenero. Y no reconocerá que se perdió un tiempo valioso en estos tres años y medio de la administración Dau, además de los recursos económicos para sostener una nómina costosísima e improductiva por la falta de idoneidad y conocimiento de la ciudad.
La Procuraduría General de la Nación inició el acompañamiento a las entidades comprometidas en la elaboración y estudio del POT y evitar así la desconfianza en un proceso que generó dudas sobre la legitimidad en la participación ciudadana. Los grupos de interés no entendieron por qué no se radicó el documento de manera simultánea en Cardique, el EPA y el Ministerio de Ambiente, que también tiene competencia en Cartagena para su estudio y concertación, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1232 de 2020. El organismo de control le recomendó al secretario de Planeación Distrital retirar la documentación radicada en Cardique el 18 de mayo –EPA el 23 de mayo– y evitar su devolución.
Sin embargo, el acuerdo que surgió de la mesa de trabajo convocada por la PGN podría alterar lo establecido en el Artículo 24 de la Ley 388 de 1997, al interrumpir el término de 30 días calendario que Cardique concedió al Distrito para corregir el procedimiento anterior. La propuesta de «borrón y cuenta nueva» podría interferir en el debido proceso que señala la norma, aunque el propósito de la PGN es lograr el «principio de colaboración armónica» para superar la crisis que enfrenta el Distrito para ordenar el territorio.
De lo actuado hasta el momento está claro que de la carrera sólo queda el cansancio, y las acciones precipitadas de Amador Hawkins pondrán al descubierto más incoherencias en la medida que las organizaciones sociales –Consejo Consultivo y CTP– y el Concejo Distrital asuman por separado el estudio de la documentación del POT. Se podrá comprobar que el proyecto radicado en Cardique y el EPA hace parte del programa POT Modernos del gobierno nacional. Lo contrató en 2016 el ex-alcalde Manolo Duque con Fonade y la firma española Inypsa. La secretaria de Planeación, Luz Elena Paternina, y la jefe Jurídica, María Eugenia García, lo llevaron a cometer el error y a comprometer $3.800 millones. El consultor de los españoles fue Javier Mouthon, hasta el año pasado director del EPA.
En el año 2019, el trabajo presentado por Inypsa a Fonade y al Distrito fueron evaluados y devueltos por Cardique, donde existe una memoria institucional sólida y contínua. Son los mismos funcionarios que hoy estudian los documentos presentados por Amador Hawkins. En ese momento la PGN acompañó el proceso de entrega de los españoles y el alcalde Sergio Londoño inició la liquidación del contrato millonario. Lo terminó el alcalde Pedrito Pereira al devolver los productos del componente ambiental. Los secretarios de Planeación de Dau, Guillermo Ávila Barragán y Juan David Franco avalaron el trabajo y el alcalde William Dau autorizó el pago millonario.
Si la administración Dau recibió los productos de Inypsa y canceló los $3.800 millones a Fonade, ¿por qué el EPA contrató con EDURBE un nuevo estudio de riesgos?
(FOTO: Dio tiempo para foto oficial. La procuradora Delegada para la gestión y Gobernanza Territorial, Tatiana Margarita Oñate, y la procuradora para Asuntos Ambientales de Cartagena, Mayelis Chamorro, después de la reunión con Cardique, el EPA, la Personería y la Secretaría de Planeación Distrital).
