Las más de 200 familias campesinas de la población de Cachenche pusieron contra la pared al director nacional de la Sociedad de Activos Especiales, Andrés Alberto Ávila Ávila, toda vez que le solicitaron a través de un derecho de petición que se explique la aparición de un paz y salvo de Impuesto Predial del municipio de Turbana, que al parecer sería falso.
Aseguran los líderes campesinos que las fechas no cuadran y todo parece que se hubiera hecho a la carrera con el fin de sacarlos de los terrenos donde han establecido de momento sus hogares.
Coinciden en señalar que la escritura 385 se radicó en la Notaría del municipio de Turbaco y la entidad presentó un paz y salvo del impuesto predial unificado, al parecer, fraudulento. Mediante esta escritura, señalan, se constituyó el predio que hoy es Cachenche con matricula No. 060-76813 a favor de la empresa Promigas y para protocolizar el trámite se presentó Paz y Salvo Número 16129 de noviembre de 2018 en que se certifica el pago, a favor del Municipio de Turbana de $1.100 millones de pesos aproximadamente por concepto del Impuesto Predial del terreno en mención, requisito indispensable para poder realizar el negocio con Promigas.
Hasta ahí todo parece normal; sin embargo, cuando a la Secretaría de Hacienda de Turbana se le solicitó un paz y salvo del predio, esta dependencia respondió que hasta el pasado mes de abril del presente año, Cachenche adeuda todos los impuestos desde la vigencia de 2013 y esta asciende a 1655 millones de pesos.
La inquietud que hay en el ambiente es cómo la Sae recibió $2.197 millones por la venta de la servidumbre a Surtigas sin haber cancelado los impuestos del predio, que era un requisito indispensable para generar la Escritura 385 en la Notaría Única de Turbaco.
¿TODO SERÁ FALSO?
Sumado a todo esta situación, se ha logrado establecer que hay otro paz y salvo del 8 de julio del 2019 sin justificación alguna, toda vez que el predio arrastra una deuda desde el año 2013 hasta el presente año 2021, jamás ha estado a paz y salvo; pero no sé sabe el destino dado o para qué motivo se expidió este nuevo paz y salvo.
El director de la SAE tendrá que responder el derecho de petición de Benjamín Santoya García, Alicia Pérez González y Carlos Alberto Aristizabal y se le solicita a la entidad nacional instaurar las denuncias penales, disciplinarias y fiscales contra los responsables de estas falsedades y fraude contra el fisco del municipio de Turbana.