Muchos años después, frente al Escuadrón Antidisturbios de la Policía Metropolitana de Cartagena, el Comité Antipeajes y los cartageneros, habrían de recordar aquella remota tarde de un día de 2014 cuando gracias a un trabajo unido del pueblo con los empresarios y un sinnúmero de diligencias judiciales se logró el desmonte de la infraestructura del peaje de Vikingos.
El arduo trabajo permitió por aquel entonces que las comunidades se unieran con el sector de Mamonal y que toda Cartagena trabajara para ganarle un round a la concesión vial. El 2 de septiembre comenzó a desmontarse el peaje y desde es mismo día los cartageneros sentían que respiraban con un peaje menos. Se daban entonces pasos grandes en una batalla que aún hoy no conoce fin. La decisión del retiro del peaje, se da tras modificación al contrato entre el Distrito y el Concesionario plasmada en el Otrosí número 21 al contrato de Concesión Vial 0868804.
Recordaba entonces el abogado constitucionalista Óscar Borja, miembro del Comité de Revocatoria ‘Cartagena Corrige’, que Albornoz era una pequeña aldea de habitantes que se vieron afectados, en su momento, por dicho peaje y que para enterrar a sus seres queridos en su cementerio se veían obligados, en muchas ocasiones, a pagar la tarifa. La lucha fue constante, recuerda el abogado, quien señala además que el fallo de segunda instancia a una acción de popular instaurada por la Asociación de Usuarios del Corredor de Carga (Asucar), ordenó al Distrito y a la Concesión Vial Cartagena S.A. realizar las obras necesarias para habilitar un retorno en la misma vía del peaje. Hasta el pasado 2 de septiembre y en tal sentido poco o nada se avanzó.
La decisión estaba entre construir un retorno o eliminar el peaje, siendo esta última la más requerida por los conductores y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) Seccional Bolívar. Las palabras emitidas entonces por la magistrada del caso sorprendieron, en su momento, a los miembros de la asociación pues luego de adelantar la inspección no dudo en señalar: ‘esta gente es bien agallúa’, dijo.
La lucha continúa y las respuestas ante un laberinto sin salida es que se solicite hasta la intervención del presidente de la República con una comisión especial ante la ineptitud de un alcalde que como William Dau no ha podido concretar una respuesta asertiva. Igualmente, conminar al procurador, al fiscal y al contralor para que en una instancia superior se logre concretar la suspensión temporal del cobro de los peajes mientras se adelantan las investigaciones fiscales, disciplinarias y penales.
Para los entendidos, hoy hacen falta más nombres en ese listado pues solo hay 39 personas presuntamente implicadas que presentó la Contraloría General de la República. Lo preocupante de todo esto, es que muchos de los funcionarios de Edurbe y de Valorización que estaban en la actual administración pasaron de la noche a la mañana a trabajar con la concesión y no se mencionan.
Lo urgente ahora mismo, señalan los entendidos, es buscar colocar fin al atropello del cobro de los peajes y que la concesión entre en razón en que se deben conciliar y llegar a acuerdos en los que los cartageneros sientan que no se sigue afectando su patrimonio,
