Por Danilo Contreras
Las evidencias prueban que el mayor volumen de recursos que utilizará el fondo para la superación de la pobreza, creado mediante ley 2038 de 2020 (que ya se conoce popularmente como ley Araujo), serán recursos del crédito. Expediente nada original que tiene nefastos precedentes en la ciudad; el más fresco en la memoria de los cartageneros, es el préstamo contraído durante la administración de Dionisio Vélez, cuyas anomalías y dudoso manejo no han sido suficientemente castigadas por las autoridades.
En el estudio “Cartagena libre de pobreza extrema a 2033” (Meisel y Ayala, 2017) se sostuvo lo siguiente: “Si Cartagena obtuviera un crédito con la banca multilateral internacional por el monto de US$641 millones a una tasa de 2.11% a 25 años, entonces se tiene que el pago anual que debería hacer Cartagena es de US$33.3 millones anuales”, a fin de acometer una serie de obras que el mismo estudio plantea para solucionar la miseria en la ciudad.
Más tarde en 2018, la administración del momento, anunció un estudio liderado por el BID y Findeter denominado “Cartagena sostenible, resiliente, incluyente y competitiva 2033”, mismo que a la postre ha servido de base al plan de desarrollo presentado por el actual gobierno y aprobado por el concejo. El documento señala que el costo de la inversión en el plan de acción propuesto en el estudio es equivalente a $7.8 billones.
A finales del mismo año 2018, el senador Fernando Araujo Rumie anuncia el proyecto de ley por el cual se crea el Fondo Pro Cartagena para la erradicación de la pobreza a 2033, iniciativa que finalmente obtuvo aprobación y sanción en 2020, convirtiéndose en la ley 2038 de hogaño.
En ese hilo de circunstancias, la semana anterior, en el evento “Investment Summit Cartagena 2020”, el representante por Colombia y Perú ante el BID, doctor Sergio Díaz Granados, anuncio que el Banco que representa está listo para atender los requerimientos de recursos de la ciudad y saludó efusivamente la creación del Fondo Pro Cartagena y a su impulsor, desde luego, como un avance en la vía de lograr la implementación de importantes proyectos para la ciudad, varios de ellos relacionados con la adaptación al cambio climático de Cartagena, obras que también están previstas como objetivos del Fondo creado por la “ley Araujo”, más allá del propósito declarado de superación de la miseria que al parecer es solo el “gancho” de la iniciativa legislativa.
Así las cosas, queda esclarecida la trazabilidad del Fondo Pro Cartagena y queda desvelado que el grueso de los recursos que nutrirán el fondo, serán recursos del crédito.
Creo que ningún alcalde podría negarse a recurrir a esa fuente de financiación (el crédito), sin embargo lo que habría que cuestionar es bajo que condiciones la ciudad, que es algo más que sus élites, esta dispuesta a asumir esos inmensos compromisos crediticios.
En este punto me parece conveniente recurrir a la experiencia histórica universal y a los autores contemporáneos a fin de aprender las lecciones del pasado y tratar de que las soluciones no redunden en la profundización del modelo desigualitario que las élites le han impuesto a la ciudad y sobre todo a sus estamentos más débiles.
En su obra “Capital e Ideología”, Thomas Piketty reseña los impactos de una indebida estructuración de la deuda pública, así: “La deuda de 1825 se extinguió oficialmente y se rembolsó definitivamente a principios de la década de 1950. El precio que Francia hizo pagar a Haití por su libertad fue condicionar el desarrollo económico y político de la isla durante más de un siglo, de 1825 a 1950”.
Ante esa evidencia y los duros aprendizajes de las grandes guerras del siglo XX, el mismo autor, reivindica como formula de justicia social el impuesto excepcional al capital privado concentrado. En tal sentido escribe en la obra citada: “Desde este punto de vista, no sorprende que tantos países se hayan decidido a aplicar gravámenes excepcionales sobre la propiedad privada para reducir la carga de la deuda pública tras los conflictos de 1914 – 1918 y 1939 – 1945…Esos impuestos funcionaron, contribuyeron a extinguir rápidamente deudas públicas considerables y favorecieron trayectorias excepcionalmente exitosas de reconstrucción social y crecimiento económico, por ejemplo en Japón y Alemania”.
Hasta ahora, el verdadero poder que apuesta con el destino de la ciudad, que es el poder de las élites, cumple a pie juntilla con una ruta premeditada que se consuma con la aprobación de la “ley Araujo” que sin duda concentra la contratación de los grandes proyectos de la ciudad en una junta directiva cuyos atributos nada tienen que ver con el rigor científico y técnico que requieren nuestros problemas de adaptación climática, ni atiende a los criterios de justicia social e inclusión que demanda una urbe pauperizada por un modelo de desarrollo impuesto siempre por las élites desde los brumosos tiempos de la colonia.
No se habla de una reforma sustantiva de la estructura tributaria del distrito para hacerla progresiva y lograr que los sectores que concentran el capital, inclusive en tiempos de pandemia, sean los que con solidaridad genuina aporten más a la superación de la crisis, en vez de solazarse en el recurso de las donaciones coyunturales cada que ocurre una calamidad, las cuales cobran luego por la ventanilla de las exenciones tributarias.
