El el afán y las argucias legales por parte de Urbanizadora Caribe y la firma Álvarez y Collins para desalojar a Manuela Miranda Payares del predio ubicado cerca de Villa Rosita quedaron en evidencia nuevamente luego de que fallos en primera y segunda instancia los dejaran mal parados y, como se dice popularmente, viendo un chispero.
Es así como Gilberto Álvarez Mulford, en representación de las sociedades Urbanizadora Caribe y Álvarez y Collins presentaron dicha acción penal la cual le correspondió al Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cartagena y en contra de la Inspección de Policía de la Comuna 13.
El accionante pretendía desalojar a Manuela Miranda Payares de un predio de 39 hectáreas donde estos aseguran ser los propietarios que colinda por el norte con Las Palmeras, al sur con Hogares Crea, Oeste con Villa Rosita y al Este con canal Calicanto. Los tutelantes atacaban las decisiones de la inspección y señalando que Manuela Miranda era una invasora. En la acción buscaban que la inspección de Policía llevara a cabo una acción de restitución a ellos como presuntos propietarios.
PRIMERA INSTANCIA Y SEGUNDA INSTANCIA
En primera instancia, el Juzgado Tercero Penal Municipal negó la acción de tutela teniendo en cuenta que esta no era procedente por no cumplir con el requisito de la inmediatez; toda vez que las actuaciones que pretendían atacar eran de hace más de dos años. Igualmente se manifestó que había una inactividad procesal de hace más de cuatro años por parte de los accionantes.
Los accionantes no contentos con este fallo impugnaron el cual le correspondió resolver al Juzgado Sexto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento. Es así como con fecha 11 de octubre de 2021 se profiere decisión de segunda instancia en donde el despacho superior después de examinar la situación y ahondar en el problema jurídico que plantearon los accionantes manifestó que no estaba llamada a prosperar en segunda instancia la acción de tutela.
Lo anterior teniendo en cuenta que existe un fallo del 27 de diciembre de 2017 y que, según los accionantes no se le dio cumplimiento a un fallo policivo donde, según ellos, se refuta la posesión en esa época como querellantes, hoy como accionantes. A juicio de los entendidos, tanto Urbanizadora Caribe como la firma Álvarez y Collins fueron omisivos, morosos y negligentes, mal utilizando el aparato judicial para presentar ahora una acción de tutela.
CERO Y VAN DOS
Los jueces que no existe en este momento perjuicio irremediable que buscara el amparo constitucional. Por lo tanto, en segunda instancia se confirmó la decisión de primera instancia en contra de Urbanizadora Caribe y Álvarez y Collins.
Con esto queda una vez más en evidencia que el interés de la firma Álvarez y Collins por sacar a Manuela Miranda de sus predios se frustró, toda vez que ella viene ocupando estos terrenos por muchos años con documentos legales que ella está demostrando en todas las instancias legales y que demuestran que ella es la única propietaria.
Recordemos que a esto se le suma el que una decisión judicial favoreció igualmente a Miranda Payares y tras un desacato a decisión hoy el Secretario del Interior, David Múnera, tiene un pie en la cárcel y un proceso disciplinario en su contra que tendrá que abrir el alcalde mayor de Cartagena, William Dau Chamatt por orden de un juez.
Recordemos, la justicia es ciega, gracias a Dios.