La falta de autoridad y respeto por los acuerdos establecidos en las mesas de la Defensoría del Pueblo, en relación al tema peajes con la Concesión Vial, vuelven a hundir a Cartagena en una lucha en la que lo peor está por suceder. El alcalde William Dau hace mutis en un tema en el que se le olvida fue testigo presencial pero además firmante de los pactos en los que se tomaron una serie de decisiones mientras avanza el tribunal de arbitramento y se establece si la Tasa Interna de Retorno se cumplió o no.

El tema pasa hoy por una serie de protestas protagonizadas por los miembros del Comité Antipeajes y los trabajadores de la Concesión Vial, cada uno con sus intereses particulares claros y precisos. Los primeros para que se desmonten los peajes y los segundos para que se respeten sus condiciones de trabajo y la manera de cómo ganarse la vida, Es en ese entrevero y en esas circunstancias donde se aguarda que la voz de mando se haga sentir. La ciudad está al garete y a alguien le tiene que convenir entonces este ambiente de desorden y anarquía.

La falta de una decisión de fondo por parte del alcalde en contra de dichas protestas hacen pensar que los manifestantes reciben un posible respaldo del mandatario y que poco o nada le interesan los acuerdos. Dau podría estar enfrentando un proceso por el presunto punible de fraude a resolución judicial teniendo en cuenta que los acuerdos establecidos son de estricto cumplimiento para las partes.

Los disturbios parecen no encontrar fin y cada vez se agudizan más. Se conoció un reciente pronunciamiento por parte de la Concesión Vial en el que conminan al alcalde darle cumplimiento a los acuerdos y que logre sacar a la ciudad de esta situación que enfrenta por cuenta de los peajes.

SE PRONUNCIA LA CONCESIÓN

Fechado de 9 de diciembre se conoció el más reciente pronunciamiento por parte de la Concesión Vial a través de un comunicado de prensa que afirma lo siguiente en varios apartes. Esto con ocasión del Auto 2109, del 30 de noviembre del 2021, proferido dentro del proceso de responsabilidad fiscal que en sede administrativa adelanta la Contraloría General de la República para la ejecución del contrato de concesión.

  1. A instancias de la respetable Defensoría del Pueblo y con la presencia del Gobierno Nacional, de las autoridades del orden nacional y local, y especialmente frente a la alcaldía distrital de Cartagena de Indias, desde el mes de febrero de 2021 la razón social Concesión Vial de Cartagena logró reconducir la grave crisis de bloqueo y de desmanes presentados en la ciudad desde el peligroso escenario de las vías de hecho hacia el del debido proceso y legalidad. Esto, por cuanto la administración distrital malinterpretó el contenido del Auto No 0020 del 8 de enero de 2021; providencia apenas de trámite que erradamente planteó un presunto detrimento patrimonial de 300 mil millones de pesos, decidiendo vincular a siete exalcaldes, ocho exdirectores de valorización distrital y diez directores de Edurbe.
  2. Al tenor literal de los acuerdos celebrados y suscritos en la Defensoría del Pueblo, fechados el primero, el 25 de febrero de 2021; y el segundo, el 23 de abril de 2021, la concedente: alcaldía distrital y la concesionaria: concesión vial de Cartagena se garantizaron mutua y bilateralmente el debido proceso, consistente ello en acudir al juez del contrato.
  3. Tal y como concesión vial de Cartagena lo afirmó, y se pronunció la Contraloría General de la República, durante el primer semestre del año 2021, el Auto No 0020 del 8 de enero de 2021, no fue nunca una decisión de fondo sino de trámite dentro de las previas del proceso de Responsabilidad Fiscal.
  4. Llama poderosamente la atención que el primer ejercicio de opinión financiera hecho por el ente de control, estimaron detrimento de 300 mil millones, 36 imputados, para pasar a unos presuntamente de 22 mil millones 354 millones 231 mil 385 pesos y con nueve imputados, hecho que prueba como ciertas las razones de defensa esgrimadas por la concesión vial de Cartagena.
  5. El acuerdo sentado en la Defensoría del Pueblo con fecha del 23 de abril de 2021, es hoy medida cautelar de carácter judicial dictada y decretada al interior del proceso arbitral siendo pues de obligatorio acatamiento por parte de las autoridades y para con el concesionario. Esto significa que el alcalde William Dau Chamatt está compelido – so pena a soportar los efectos jurídicos de fraude a resolución judicial – a garantizar el orden público en los peajes para que se permita sin ninguna interrupción el cobro hasta tanto no haya un pronunciamiento de fondo en respecto de la controversia contractual y al interior de dicho proceso arbitral.
  6. Una posición obstinada del acuerdo sentado en la Defensoría del Pueblo el pasado 23 de abril de 2021 no solo produce el ilegal efecto del no recaudo de la Tasa Obligatoria de Peaje, cedida contractualmente al concesionario sino que genera la grave vulneración a los derechos fundamentales al trabajo y mínimo vital de todo el personal.
  7. Con todo y ello, concesión vial de Cartagena se reafirma en que no ha alcanzado su TIR tal y como a la fecha lo viene certificando la Supervisora del contrato Edurbe y que está en vigor la medida cautelar judicial seguirán operando las estaciones de La Heroica y Corralito de Piedra, hasta que se dicte el laudo.

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