Una polémica se ha desatado luego de que la Contraloría Distrital diera a conocer un presunto detrimento patrimonial que se ha venido generando tras el pago de los honorarios que por Orden de Prestación de Servicios percibe quien funge como Primera Dama en el Distrito, Cynthia Pérez Amador.

A juicio de los entendidos, el mandatario distrital, William Dau Chamat, ha intentado adecuar la norma para que juegue en favor de quien, según él, sería una funcionaria de alta confidencialidad; ante lo cual, señala el mandatario, él tiene derecho a contar con personas de mucha confianza. Sus declaraciones a través del Facebook Live daban cuenta de una actitud desafiante con el organismo de control al señalar que “ese tipo de señalamientos le resbalan y que lo tienen cansado”.

Ante esta situación que se ha planteado, consultado el presidente de la Red de Veeduría a la Rama Judicial, manifestó que en ninguna parte de la norma, ni el artículo 123 de la Constitución y la Ley 909 de 2004, se contempla que los topes salariales se definen para funcionarios de alta confidencialidad y menos se puede deducir que los topes salariales se deben establecer por esta razón.

Según la reciente Tabla de Honorarios del Departamento de Planeación del año 2020 existe una clasificación de los topes salariales que deben percibir los servidores públicos contratados bajo la modalidad de Ordenes de Prestación de Servicios. Y para el caso específico del salario devengado por la primera dama, la persona deberá contar con un título profesional, especialización y 22 meses de experiencia.

Aseguran los abogados consultados por ESO VA Noticias que la norma no se la puede abrogar el mandatario y decidir cuánto puede ganar un funcionario o no. Y se aclara que dentro de la clasificación de los servidores públicos el artículo 123 de la Constitución Política de Colombia establece que serán servidores públicos los miembros de las Corporaciones Públicas, los empleados y trabajadores del estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicio.

En ese orden de ideas, tenemos que los miembros de las corporaciones públicas de elección popular serán los congresistas, diputados, concejales y ediles; luego vienen los empleados oficiales; los empleados públicos; los de periodo fijo; los de elección popular; los de libre nombramiento y remoción; los de carrera administrativa; los trabajadores oficiales y los contratistas por Ops.

Para el caso específico de Cinthya Pérez Amador, en su calidad de tecnóloga y con la experiencia de tres meses tendrá derecho a 2.300.000, eso si acredita seis meses de experiencia al momento en que le firman su contrato. Finalmente, aseguran los entendidos, que el señor alcalde hace una clasificación errada teniendo en cuenta que la diferencia se debe marcar entre funcionario público y servidor público y la señora Cynthia no es funcionaria sino servidora pública.

“A este respecto quien podrá acceder al salario de la señora Cynthia debe estar asignado a un cargo de libre nombramiento y remoción pero lo importante es su título como profesional”, concluyeron.

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