En el completo abandono por parte de la administración distrital, así se sienten las 250 familias que fueron censadas y que adquirieron, con todo el esfuerzo, uno de los apartamentos que fueron construidos en los edificios del clan de los Quiroz. Aseguran, en medio del desconsuelo, que la última vez que recibieron un subsidio de arriendo fue el año pasado, exactamente el 1 de agosto por parte de la anterior administración.

Hoy, las familias ven con preocupación, cómo los días pasan sin que se les resuelva su situación y sin que se les cumplan gran parte de los acuerdos y disposiciones ordenados mediante un fallo por parte de una Juez de Control de Garantías. Y ven en la Procuraduría General de la Nación el mejor aliado para meter en cintura a la administración y que les concreten sus subsidios e indemnizaciones.

LA VOZ DE LAS VÍCTIMAS

Milagro Soto, habitante del edificio Portal de Los Alpes, manifestó que los sacaron de sus viviendas por el riesgo del inminente colapso desde hace dos años. Aseguró que uno de los acuerdos que se estableció con la administración era mantener la vigilancia en los edificios pero hoy, según ella, se puede observar con tristeza la manera como los amigos de lo ajeno se han ido llevando todo y han desmantelado los edificios. “Estamos a la espera de que nos tiendan la mano porque hemos decidido tomar otras viviendas en arriendo y hasta el momento hemos ido quedando mal y pagamos a cuenta gotas”, comentó la afectada.

Sostienen que hasta el día de hoy continúan esperando las visitas de los peritos legales para que se evalúe el precio del apartamento y aún no se define nada con la administración distrital. “Aún seguimos esperando la socialización de los estudios que realizó la Universidad Nacional que luego de varios meses no se ha hecho. Lo que veo con preocupación es que el distrito nos ha abandonado a nuestra propia suerte y nadie nos responde. Nosotros los afectados tenemos una cantidad de deudas y eso poco o nada le interesa a la administración”, sostuvo Milagros Soto.

Por su parte, Libardo Gómez, propietario de un apartamento en el edificio Shalon, manifestó que el abandono por parte del Distrito no se entiende pues ellos venían con un proceso en el que debían encontrar respuesta a los problemas que ahora mismo los agobian. Precisó que en su inversión perdió más de 150 millones de pesos y que hoy se esfuerza por seguir adelante esperando que, a lo mejor, algún día la administración se acuerde de ellos.

Coincide con Milagro Soto en que los vigilantes una vez hubo cambio de administración se fueron de los edificios y los dejaron completamente abandonados. “Nadie puede ingresar a los edificios por el riesgo del colapso inminente que hay en este momento”, sostuvo.

EL ALCALDE SE LA PASA PORFIANDO Y DESAFIANDO

Con preocupación los afectados ven que la situación se agrava cada vez que la Procuraduría exige una respuesta por parte de la administración pues el alcalde, dicen, en lugar de acatar, se la pasa porfiando y desafiando a los organismos de control. “Sentimos que en lugar que la administración comience a debatir y a desafiar a la Procuraduría debería sentarse a dialogar con nosotros y llegar a acuerdos porque la situación se complica tanto para el Distrito por desacatar la orden de un juez como para los habitantes que no ven resueltos muchos de sus problemas”, comentó el abogado de las víctimas Javier Doria.

Finalmente, el representante de las víctimas enfatizó con relación a un segundo grupo de habitantes de las construcciones ilegales que aún habitan los edificios que se hace necesario que la administración tome cartas en este asunto porque allí están en riesgo las vidas de varias personas. Concluyó que pareciera que estuvieran esperando otra tragedia en la ciudad para poder asumir responsablemente el compromiso como autoridades públicas.

EL INFORME DE LA PROCURADURÍA

El informe del Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa, Iván Darío Gómez Lee, advirtió al alcalde de Cartagena, William Dau Chamatt sobre las acciones puntuales que se deberían adelantar con relación a las construcciones ilegales en la ciudad. Con relación a este tema de las construcciones ilegales dice: El pasado 27 de abril de 2017 colapsó la estructura del edificio, en construcción, denominado Blas de Lezo II, que sería destinado para vivienda y estaba siendo construido en el sector “Plan 400”, del barrio Blas de Lezo en Cartagena, hecho que conllevó al fallecimiento de 21 personas y otras 23 heridas. Esta calamidad no se puede repetir, por ello es importante y necesario articular las acciones pertinentes para que ante una tragedia de estas dimensiones, se adopten correctivos.

En el mismo momento que se difundió la tragedia indicada, la Procuraduría General de la Nación inició una cruzada a través de sus distintos funcionarios y desde las distintas funciones misionales, esto es, preventivas, disciplinarias y de intervención, por la normalización de la actividad urbanística en el Distrito de Cartagena, toda vez que producto de las indagaciones preliminares, se pudo establecer que la problemática iba más allá del colapso del edificio de Blas de Lezo, pues se evidenció un desorden generalizado en temas urbanísticos que se reflejaba en construcciones sin el cumplimiento de requisitos legales, invasión de áreas de baja mar, violaciones a las normas de protección de bienes de interés cultural, falta de presencia institucional en zonas insulares, deficiente dotación y escaso personal en las Inspecciones de Policía, etc., que motivaron la presentación por parte de la entidad de una Acción Popular, con la pretensión fundamental de obtener una orden judicial que obligara al Distrito a realizar en la mayor brevedad, un plan de acción para la normalización y regulación de la actividad urbanística.

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