Por Danilo Contreras
Las instituciones del Estado, según el artículo 2º de la Constitución, tienen como finalidad “…servir a la comunidad, promover la prosperidad general y…facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación…”. Por esta razón el proyecto de restructuración administrativa del Distrito recién anunciado, tiene importancia mayúscula.
Pese a que el común de nuestros conciudadanos prefiere ocuparse de temas menos áridos, el debate sobre el rediseño institucional ha producido ya algún efecto favorable: Me refiero al hecho de que algunos sectores y columnistas de la ciudad hemos hecho observaciones a la intención de la administración de fusionar en una sola secretaria los asuntos referentes a cultura y deporte, ante lo cual el alcalde Turbay ha salido a expresar un replanteamiento, reconociendo que tales competencias deben contar con dependencias diferenciadas.
Como parece que el debate funciona, llamo la atención sobre otro de los problemas graves con que debe lidiar el gobierno distrital y la manera como tal desafío debe enfrentarse desde lo institucional. Me refiero a la adaptación climática de Cartagena que es una de las ciudades del mundo con mayores riesgos por cuenta de la elevación acelerada del nivel del mar y la alteración de ciclos climatológicos, que pone en cuestión la sostenibilidad ambiental, patrimonial, económica y social del territorio.
Las autoridades y lo que llaman “fuerzas vivas” locales y nacionales no han sido serias en el tratamiento de esta cuestión crucial. Varias circunstancias prueban esta afirmación. La más evidente la encontramos en el fiasco en que se ha constituido el proyecto de “Protección Costera” implementado por el Distrito en asocio con la tristemente célebre UNGRD.
Desde antes del inicio de su ejecución fueron numerosas las alertas y denuncias sobre falencias en los diseños y estudios, inconsistencias en la financiación y ruidos de corrupción en la contratación de la obra.
En nota de 13 de febrero de 2022 escribí: “Una de las primeras alertas se disparó cuando nadie menos que los directivos de la Sociedad Colombiana de Ingenieros dirigieron una carta al alcalde William Dau, con copia a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y al director de la UNGRD, Eduardo José González, cuyo asunto denominaron “Comentarios a las obras de ingeniería planteadas para la protección costera de Cartagena y a los temas contractuales vinculados a ellas”, y detallé algunas de las falencias denunciadas así: “i. “inconsistencias en la presentación de la información básica (topografía, batimetría, granulometrías, geomorfología, oleaje)”; ii. “Sorprende que para todos los análisis realizados y la importancia del proyecto expresen que se tuvieron datos de viento sólo hasta 2011”; iii. No se explica cómo fue el proceso para llegar a la solución de las obras”; iv. “No se aclara si las estructuras logran la sedimentación, por sí solas, o si sólo sirven para contener el material dragado”; v. “No se determina en cuánto tiempo las estructuras logran comenzar a retener las arenas del transporte litoral”; vi. “En la evaluación de alternativas no es clara la comparación de costos entre unas y otras, pues varios cuadros muestran valores diferentes para las mismas obras”; vii. “La Universidad de Cartagena recomendó la alternativa 1 con un costo de $191,808 millones, que según el estudio es la de mayor estabilidad y menor mantenimiento; sin embargo, luego reducen las dimensiones de las estructuras de dicha alternativa para poderse ajustar al presupuesto existente de $160.000 millones. No hubo un criterio técnico que justifique dicho cambio”; viii. “No hay una justificación del rompeolas enfrente de la ciudad amurallada”; ix. “No se explica por qué no se pueden utilizar los espolones existentes”; x. “Las conclusiones son muy pobres”. Todos esos cuestionamientos se ven reflejados hoy en las complicaciones, retrasos y mala calidad de las obras.
A la fecha no hay claridades distintas a que tanto el distrito como la UNGRD han acordado seguir metiéndole plata a un proyecto basado en estudios y diseños rebatidos por expertos y por la realidad de los hechos.
Otra prueba de la ausencia de rigor en el tratamiento de la adaptación climática de la ciudad se encuentra en el hecho de que el referente técnico de sostenibilidad ambiental con que cuenta el distrito, conforme lo declara el Plan de desarrollo recién aprobado, es el documento “Cartagena Competitiva y Compatible con el Clima – Plan 4C”, el cual se cita como una especie de texto bíblico en estas materias, pese a que en el mismo se lee literalmente que: “Esta publicación ha sido elaborada sólo como guía general en materias de interés, y no constituye asesoramiento profesional. Usted no debe actuar en base a la información contenida en esta publicación sin obtener un asesoramiento profesional específico. No se ofrece ninguna representación ni garantía en cuanto a la exactitud o integridad de la información contenida en esta publicación, y, en la medida permitida por la ley, las entidades que gestionan la aplicación de la Alianza Clima y Desarrollo (CDKN) no aceptan ni asumen responsabilidad, obligación o deber de diligencia alguno por las consecuencias de que usted o cualquier otra persona actúe o se abstenga de actuar, basándose en la información contenida en esta publicación o por cualquier decisión basada en la misma”.
Estas falencias obligan a observar las buenas prácticas internacionales en cuanto a adaptación climática, y uno de esos casos de éxito es Países Bajos, que sometida a los embates del Mar del Norte ha puesto como fundamento de las soluciones, la ciencia, la innovación, la tecnología y la solidez institucional y financiera. En efecto, luego de las devastadoras inundaciones de 1953 ocurridas en Países Bajos, las “fuerzas vivas” de aquel país acordaron el denominado Plan Delta, el proyecto de defensa costera más grande e ingenioso que haya conocido el mundo; y lo hicieron a partir de la denominada ley Delta, que fue el resultado de la investigación científica de los expertos.
En Cartagena tenemos algunos antecedentes al respecto: La ley 62 de 1937 que ordenó la realización de obras de consolidación del territorio alrededor de la Bahía y de los cuerpos de agua internos, con las cuales se configuró la urbe que conocemos hoy, y previó para tales fines importantes fuentes de financiación.
Posteriormente, en caprichosa enumeración de obras, la denominada ley del sitio propuso gestionar recursos de la Nación, entre ellos la famosa y frustrada, hasta el momento, Protección Costera. Valga aclarar que ninguna de estas dos iniciativas estuvo precedida, como sucedió con el Plan Delta en Países Bajos, por estudios dignos de credibilidad científica y tecnológica, sino por la “buena voluntad” de los políticos del momento.
Voy cerrando con esta propuesta: La ciudad necesita un Plan Maestro de Adaptación Climática, fundamentado en la ciencia, la innovación y la tecnología, pensado a largo plazo, respaldado por una ley de la República que provea contrapartidas financieras y por instituciones locales fuertes e impenetrables a la corrupción y la politiquería. Ese debería ser un gran acuerdo de ciudad, pues de ello depende la supervivencia de lo que hemos conocido como una gran metrópoli del Caribe.
En la estructura actual del Distrito no existe instancia institucional capaz de afrontar estos retos, y creo además que Edurbe carece de la solvencia técnica, administrativa y financiera para siquiera intentarlo, con el agravante de que la confianza pública es el peor de sus indicadores.
