Por: Aniano Morales Blanco (*)
Este segundo Domingo de noviembre, Colombia conmemora el Día de la Acción Comunal. En los actos oficiales se hablará de historia, liderazgo y participación; en muchos barrios, la fecha transcurrirá en silencio. Hay juntas con años de existencia jurídica, pero sin asambleas ni iniciativas colectivas. No es una generalización: es hoy una alerta visible en Cartagena y otros territorios. Celebrar exige preguntar si la organización sigue viva en la comunidad.
La acción comunal tiene raíces en la Ley 19 de 1958 y en el trabajo solidario. Escuelas, caminos, acueductos y salones comunales se levantaron con convites de trabajo e invitación, bazares y jornadas colectivas. A veces faltaban recursos, pero había pertenencia. Quien participaba sentía propio lo construido y lo cuidaba. El liderazgo no consistía en imponer, sino en convocar, escuchar y cumplir acuerdos. La fortaleza de una junta se medía por la confianza y las soluciones colectivas.
El marco jurídico evolucionó. La Ley 743 de 2002 reguló la organización comunal; la Ley 2166 de 2021 la derogó y estableció un nuevo régimen, en desarrollo del artículo 38 constitucional. Reconoció instrumentos de gestión y relación con el Estado, entre ellos convenios solidarios sujetos a requisitos legales. Pero ninguna facultad normativa produce comunidad por sí sola. Una ley amplia no evita el debilitamiento si la participación se reduce a trámites y a conservar la personería.
El problema debe examinarse desde la estructura y la democracia interna. La Ley 2166 contempla órganos con funciones diferenciadas: Asamblea General, Junta Directiva, Fiscalía, Comisión de Convivencia y Conciliación, Comisiones de Trabajo y delegados ante organismos de grado superior, conforme a la ley y los estatutos. No son adornos. La Asamblea es máxima autoridad; la Directiva administra; la Fiscalía vigila; la Comisión atiende la convivencia; las Comisiones impulsan proyectos y los delegados representan institucionalmente a la junta.
La alarma aparece cuando la gestión se concentra en la presidencia. La Directiva no delibera, la Fiscalía no controla, la Comisión no actúa, las Comisiones de Trabajo permanecen inactivas y los delegados no rinden cuentas. La información y las decisiones quedan en pocas manos. El presidente tiene responsabilidades como representante legal, pero no es dueño de la organización ni sustituye a sus órganos. La autonomía no elimina controles: exige cumplir la ley, los estatutos y las decisiones de la Asamblea.
La consecuencia es la pérdida de legitimidad. El artículo 41 de la Ley 2166 define la Asamblea General como máxima autoridad comunal. Si no se convoca conforme a los estatutos, se debilita el espacio donde los afiliados deliberan, deciden y conocen la gestión. Sin información ni rendición de cuentas crece la desconfianza; sin participación juvenil se frena el relevo; sin comisiones activas se desaprovecha el conocimiento territorial. La personería acredita existencia legal, pero no demuestra legitimidad social.
Recuperar la acción comunal no consiste solo en ejecutar obras o gestionar convenios. Es reconstruir vínculos, reconocer necesidades, formular propuestas y participar en la planeación territorial. Los convenios solidarios permiten ejecutar obras con habitantes, pero exigen capacidad, transparencia, cumplimiento contractual y rendición de cuentas. La tarea empieza por activar los órganos, respetar competencias, fortalecer la formación, abrir espacio a jóvenes y mujeres, divulgar información y convertir los planes comunales en compromisos verificables. La Alcaldía debe acompañar sin sustituir la autonomía.
En este Día de la Acción Comunal, preguntemos cuántas veces se reunió la Asamblea, qué decisiones adoptó, qué cuentas examinó y cuántos vecinos participaron. Si no hay respuestas, urge reconstruir la democracia comunal. La acción comunal no nació para administrar papeles ni servir a intereses particulares, sino para organizar a la comunidad y dignificar la vida colectiva. La junta no pertenece a su presidente: pertenece a sus afiliados y a la comunidad. Sin convocar a su gente, seguirá cumpliendo años sin comunidad.
(*) Formador de Formadores de la Confederación Comunal Nacional y experto en planeación participativa.
