Por Rodrigo Velásquez Ángel (*)
Vándalos con antorcha y vándalos con decreto
El sábado 17 de octubre, un grupo de encapuchados entró al ayuntamiento de Limoges, una ciudad del centro de Francia, y le prendió fuego. En pocas horas se vino abajo el campanario de la torre del reloj, emblema de la ciudad. El edificio, inaugurado el 14 de julio de 1883 y protegido como monumento histórico desde 1975, quedó «prácticamente destruido», según el prefecto Maurice Barate. Durante 143 años había sido la casa de la República en esa ciudad: allí se casaba la gente, se registraban los nacimientos y se reunía el concejo.
Pero esta columna no es sobre Francia. Es sobre Cartagena.
Cartagena no es cualquier ciudad. Fue puerta de América, resistió el sitio de 1815 y por eso la llamamos la Heroica, y desde 1984 la UNESCO reconoce su puerto, sus fortificaciones y su centro histórico como Patrimonio de la Humanidad. Y, sin embargo, entre 2012 y 2022 tuvo doce alcaldes en diez años, según el recuento de El Universal: elegidos, encargados, nombrados desde Bogotá, suspendidos y uno que renunció. Nadie quemó el Palacio de la Aduana. No hizo falta.
Hay dos maneras de destruir una institución. Una hace humo y sale en los noticieros. La otra no hace ruido, y por eso es más peligrosa. De las dos trata esta columna.
La barbarie contra la razón
Lo de Limoges no fue un caso aislado. Ese fin de semana, según el Ministerio del Interior francés, unas 550.000 personas salieron a las calles, y hubo más de 2.000 detenidos, saqueos en París y un asalto al ayuntamiento de Marsella. Todo empezó con reclamos justos: colegios de las afueras de París sin profesores y con aulas en mal estado, y una vida cada vez más cara. Son síntomas de un Estado que dejó de cumplir. Pero alguien que pide profesores no quema un ayuntamiento. El ministro del Interior, Laurent Núñez, atribuyó la violencia a «varios miles de alborotadores», entre grupos radicales y delincuentes que aprovecharon el desorden. El reclamo de la mayoría fue secuestrado por una minoría con otros intereses. ¿Quién gana con el caos? No siempre es fácil saberlo, y a veces los intereses vienen de muy lejos.
Francia, además, no es una excepción. Un estudio del European Democracy Hub, publicado en junio de 2026, contó protestas en más de 70 países durante 2025 y advierte que la ola sigue. Muchas se convocan por TikTok, Instagram o Discord, sin líderes visibles ni nadie con quién sentarse a negociar. Algunas lograron cambios; otras terminaron peor de lo que empezaron. En Madagascar, después de las protestas de los jóvenes, llegó un golpe militar. El caos rara vez le abre la puerta a la razón: casi siempre se la abre al que promete orden a cualquier precio.
El vandalismo que no hace humo
El otro vandalismo no usa antorchas, sino decretos, que son las órdenes que firma un gobernante. Llega al poder por los votos y, una vez adentro, desmonta los contrapesos, es decir, las instituciones que existen para que nadie mande sin control: el Congreso, las cortes, los organismos de control, la prensa. Desobedece a los jueces, acosa a los periodistas y convierte los cargos públicos en botín o en trinchera ideológica. La casa común queda en ruinas, aunque la fachada siga en pie.
El constitucionalista colombiano Mauricio Gaona lo explica en su libro La Constitución soy yo (Planeta, 2026) como un manual en tres pasos. Primero, el aspirante dice «yo soy el salvador». Luego, «el pueblo soy yo», y con esa bandera ataca a las instituciones. Al final, «la Constitución soy yo». En este siglo, advierte Gaona, la democracia ya no muere con tanques, sino «en un decreto, en un trino». Para defenderla propone tres pilares: poderes separados, nadie por encima de la Constitución, y oposición y prensa libres. El politólogo Francis Fukuyama llega al mismo lugar por otro camino: en Los orígenes del orden político (2011) explica que un país bien gobernado se sostiene en tres patas, un Estado capaz, leyes que se cumplen para todos y gobernantes que rinden cuentas. Si falta una, la mesa cojea.
No es una intuición. El Instituto V-Dem, de la Universidad de Gotemburgo, en Suecia, mide la salud de las democracias del mundo. En su informe de 2026 encontró que en 2025 había 44 países perdiendo democracia, frente a unos 12 en 2005. Y lo más inquietante: la mayoría de esos retrocesos no vinieron de golpes militares, sino de gobiernos elegidos que fueron tomándose las instituciones poco a poco. Según el informe, el nivel de democracia que vive el ciudadano promedio del mundo volvió al de 1978.
Los espejos de la región
Venezuela es el caso que Gaona pone en el centro. En diciembre de 1998, Hugo Chávez ganó la presidencia en las urnas. Nadie lo impuso: una mayoría lo eligió, convencida de que acabaría con la corrupción de los partidos de siempre. Vinieron después una nueva Constitución hecha a su medida, una justicia obediente y el cierre de medios. Hoy Venezuela ocupa el último lugar entre 143 países en el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project, que mide si las leyes se cumplen. Millones de venezolanos han tenido que salir de su país, y Colombia es el que más ha recibido. Cuba es otro espejo: allí no hubo urnas, sino una revolución en 1959 que muchos aplaudieron. Con votos o con aplausos, la complacencia abrió la puerta.
Colombia estuvo cerca
Colombia no es inmune. Cada año, la unidad de análisis de la revista The Economist califica la democracia de 200 países. En su medición de 2025, publicada en abril de este año, Colombia sacó 6,04 sobre 10, bajó 13 puestos hasta el 73 y tuvo la caída más fuerte de América Latina. Entre las razones, el informe señaló los choques del gobierno con las instituciones independientes. También pesó la violencia contra líderes sociales y políticos, que no es responsabilidad de un solo gobierno.
El ejemplo más claro llegó en 2025. El 14 de mayo, el Senado le dijo no a la consulta popular que proponía el gobierno. El gobierno respondió con un decreto para hacerla de todos modos, y en junio el Consejo de Estado, el tribunal que revisa los actos del gobierno, lo frenó. Las instituciones funcionaron: el Congreso decidió y la justicia cerró el atajo. Hoy Colombia no aparece entre los seis países de América Latina que V-Dem señala como en retroceso.
Hubo además un detalle hermoso. El libro de Gaona agotó su primera impresión en tres días. Un libro no sirve si no tiene lectores, y este los tuvo. Junto con muchos sectores que levantaron la voz, ayudó a que el país no siguiera por el camino que llevaba.
No todos tienen tus intereses
Detrás de cada gobierno se mueve muchísimo dinero. Para 2026, la Alcaldía de Cartagena presentó un presupuesto de más de 4,5 billones de pesos, según El Universal. Es una cifra que ninguna familia que vive de un salario alcanza siquiera a imaginar. Por eso no todos los que aspiran a gobernar quieren lo mismo que tú: que a la ciudad le vaya bien. Algunos buscan servir; otros, servirse.
Hoy Cartagena muestra avances que cualquiera puede ver: el Gran Malecón del Mar, la modernización del aeropuerto, la recuperación del borde costero. No son obra de una sola persona ni de un solo gobierno, sino de instituciones que han podido trabajar con continuidad. Lo construido no se puede tirar por la borda para abrirles paso a principiantes que no saben manejar el Estado, a quienes convierten los cargos en trincheras ideológicas o a quienes llegan a saquear.
El voto también es una antorcha
Se dice que los pueblos tienen los gobernantes que merecen; la frase se le atribuye al pensador saboyano Joseph de Maistre, en 1811. Suena dura, pero tiene razón en algo: la calidad de los gobernantes depende de la calidad de los electores. Y después no vale quejarse. Cuando las instituciones dejan de funcionar y los servicios se caen, ya es tarde para llorar sobre la leche derramada.
Esto no es una invitación a dejar de ser críticos. Es todo lo contrario. La crítica vale cuando se convierte en hechos, y el más concreto de todos es elegir bien: informarse, comparar propuestas, distinguir a quien sabe gobernar de quien solo sabe gritar.
Hace más de dos siglos, el ginebrino Jean-Jacques Rousseau lo dejó escrito en El contrato social (1762). Cuando los ciudadanos se unen en un pacto, forman «un cuerpo moral y colectivo», una persona pública a la que llama «República o cuerpo político». Rousseau anticipa así una idea central de las democracias de hoy: la legitimidad no es un cheque en blanco. Es una relación viva entre la ciudadanía y la autoridad, que se sostiene con transparencia, deliberación y respeto por el bien común. Y advirtió algo más incómodo: un pueblo que solo es libre el día en que vota, y se olvida al día siguiente, vuelve a ser esclavo.
Francia lo recordó al día siguiente. El domingo, mientras los noticieros repetían las imágenes del fuego, cientos de parisinos salieron con guantes, escobas y bolsas de basura a recoger los vidrios rotos y los escombros de la plaza de la República, junto a cerca de mil trabajadores de aseo de la ciudad. Hubo iniciativas parecidas en Lyon y en Limoges, donde miles de vecinos marcharon después del incendio. Los vándalos tardaron una noche en destruir; los ciudadanos empezaron a reconstruir a la mañana siguiente.
La República, entonces, no es el edificio. Es la gente.
En el imaginario colectivo, el apocalipsis tiene imágenes precisas: ciudades en llamas, multitudes desbordadas, edificios que se desploman, un orden que se viene abajo. Durante siglos fueron visiones de profetas, y en el último, escenas de cine. Lo inquietante de este octubre es que ya no hace falta imaginarlas: están en los noticieros, en ciudades de Europa que creíamos a salvo. Por eso el título dice ¿now?: el apocalipsis no es una profecía lejana, sino una señal de este tiempo. Pero una señal no es un destino. Las escobas del domingo lo demuestran.
En Limoges, alguien encendió una antorcha y en pocas horas cayó el campanario de un edificio de 143 años. El voto también es una antorcha. Puede iluminar el camino o quemar la casa común. La diferencia está en la mano que la sostiene.
Cartagena, como toda Colombia, debe leer bien las señales recientes. Con el voto y con la vigilancia ciudadana, está a tiempo de impedir que los incendiarios, con antorcha o con decreto, se tomen la ciudad.
(*) Rodrigo Velásquez Ángel es consultor en estrategia y sostenibilidad, ejecutivo cultural | Docente Universitario y dramaturgo, con más de 30 años de experiencia dirigiendo y asesorando a organizaciones públicas, privadas y sociales | Magíster en Asuntos Internacionales y comunicador social de la Universidad Externado de Colombia.
