La veeduría ciudadana Funcicaribe radicó ante la Fiscalía una denuncia en la que expone la presentación de ‘informes maquillados’ por parte de Aguas de Cartagena, que pusieron en evidencia ante el Distrito. Según el documento, los valores cuestionados estarían por el orden de los 65 mil millones de pesos, cifra que genera alarma por el impacto directo en los recursos públicos y en el bolsillo de los usuarios.
La Fiscalía abrió investigación para determinar si existió responsabilidad penal en las actuaciones de la empresa y de la interventoría, que también quedó bajo la lupa por presunta omisión en su deber de vigilancia. Este proceso judicial marca un nuevo capítulo en el escrutinio sobre los servicios públicos de la ciudad, donde la ciudadanía exige respuestas rápidas y contundentes frente a un servicio esencial.
Antecedentes
Aguas de Cartagena ha sido señalada en años anteriores por deficiencias en la prestación del servicio y contratos con presuntos sobrecostos en obras de infraestructura. La interventoría ha recibido críticas por falta de rigor en el control y seguimiento de proyectos estratégicos, lo que ha alimentado la percepción de opacidad en el manejo de recursos públicos.
Organizaciones sociales y veedurías han advertido que la supervisión no ha garantizado transparencia ni eficiencia en obras clave como plantas de tratamiento y redes de alcantarillado, sumándose a la inconformidad ciudadana por racionamientos y fallas en el suministro de agua.
Procuraduría y licencia ambiental
A esta denuncia se suma la solicitud de que la Procuraduría iniciara acciones dentro de la decisión de Cardique, entidad que dejó en firme una resolución ordenando a Aguas de Cartagena modificar la licencia ambiental que mantenía desde hace más de 25 años.
En su momento, para Cardique, dicha licencia estaba obsoleta pues nunca se hicieron las modificaciones exigidas. La resolución otorga tres meses para elaborar un nuevo plan de manejo ambiental y advierte que desde las estaciones de bombeo hasta los cuerpos de agua y canales pluviales se estarían vertiendo efluentes sin tratamiento, lo que ha generado preocupación en las comunidades por la presencia de residuos contaminantes. La Procuraduría ya notificó la apertura de investigaciones frente a este tema.
