En el 2016, tan pronto asumió el cargo de gobernador el doctor Dumek Turbay, encontró que había un gran problema en tres departamentos de la costa relacionados con el Canal del Dique, ese brazo hidráulico que comunica el río Magdalena con la bahía de Cartagena y que, desde el fenómeno de La Niña en 2011, se convirtió en foco del debate nacional por los graves impactos sobre más de dos millones de habitantes y campesinos ribereños. La gestión inicial fue reactivar un contrato de estudios paralizado durante décadas, con el propósito de diseñar soluciones definitivas para un sistema que ya mostraba síntomas de colapso.
El resultado de esos estudios fue claro: se necesitaban compuertas en Puerto Badel para evitar la intrusión salina hacia el canal, así como esclusas en Calamar y un plan integral de regulación de flujos y sedimentación. Sin embargo, pese a que la ingeniería está lista y los contratos vigentes, el proyecto permanece suspendido por trámites ambientales y falta de decisión política. Cartagena, mientras tanto, sigue atrapada en un ciclo de crisis estacionales que comprometen su acceso al agua potable.
Hoy, el gerente de Aguas de Cartagena ha reconocido que la capacidad de producción del acueducto disminuyó por la mala calidad del agua captada en las ciénagas y el canal. Esto se traduce en deficiencias de suministro, racionamientos y un golpe directo a la tranquilidad de los hogares. No se trata solo de un problema técnico: es un asunto de salud pública, de confianza ciudadana y de dignidad urbana.
La responsabilidad no recae únicamente en la empresa local ni en la alcaldía. El Canal del Dique es un proyecto nacional y su parálisis refleja una deuda histórica del Estado con Cartagena. Mientras no se construyan las obras hidráulicas necesarias, la ciudad seguirá vulnerable a los veranos largos y a la intrusión salina que compromete la calidad del agua y la estabilidad del acueducto.
No basta con modernizar la planta de tratamiento o ajustar tarifas. Se requiere un plan estratégico integral que regule el flujo del canal, controle la sedimentación y asegure la calidad del agua. Sin esa visión estructural, Cartagena continuará atrapada en un círculo de crisis recurrentes que limitan su crecimiento y afectan la vida cotidiana de sus habitantes.
Cartagena necesita más que paliativos: necesita soluciones definitivas. El Canal del Dique no puede seguir siendo una promesa aplazada. La ciudad exige que el gobierno nacional cumpla con su responsabilidad y garantice un suministro de agua digno, estable y seguro. El agua es vida, y Cartagena no puede seguir viviendo con la angustia de perderla cada verano.
