EDITORIAL
El gran dilema de nuestros gobernantes que exige: ponderación, humanidad y respeto por la igualdad y la institucionalidad
En Cartagena hay fenómenos sociales que, con el paso del tiempo, han dejado de ser simples hechos aislados para convertirse en parte del paisaje. Costumbres que, por repetición y permisividad, se van sedimentando como una capa dura y pegajosa que amenaza con inmovilizar el sentido común, la autoridad y el orden jurídico.
Uno de esos fenómenos es la justificación de la ilegalidad en nombre del trabajo. Sí, es una frase que ya nos resulta conocida, repetida con vehemencia, como si fuera un mantra salvador: “Estoy trabajando, no estoy robando”. Se ha instalado en el discurso popular como escudo, como licencia para vulnerar cualquier norma bajo la bandera de la necesidad. Y no falta quien, desde una esquina de las redes sociales, respalde esta lógica torcida con argumentos de empatía mal entendida.
Pero la realidad es más compleja que esa muletilla. No se trata de desconocer las necesidades, ni de restar valor al trabajo honesto. El problema es cuando, bajo esa excusa, se desconoce la norma, se irrespeta la institucionalidad y se pretende pasar por encima de los derechos colectivos, que también son derechos fundamentales.
Un ejemplo claro: los mototaxistas que invaden los carriles exclusivos para buses, poniendo en riesgo su vida, la de los pasajeros, la de los peatones y afectando el servicio público. Cuando son requeridos por la autoridad, la respuesta es inmediata, casi calcada: “Estoy trabajando, no estoy robando”. Como si el hecho de trabajar fuese patente de corso para quebrantar el Código Nacional de Tránsito (Ley 769 de 2002), que es claro en su artículo 3 sobre la prevalencia de la seguridad de todos los actores viales sobre cualquier interés particular.
Otro caso reciente y diciente es el de la señora conocida como Rous, quien ofrece en pleno corazón del Centro Histórico, en la Plaza de Santo Domingo, un servicio de colocación de turbantes. Hasta ahí, todo parecería inofensivo. Sin embargo, lo hace apropiándose del espacio público como si le perteneciera: instala sillas, mesas y atiende allí a sus clientes como si fuera un local comercial propio. Cuando las autoridades intentan hacer cumplir las normas, se victimiza y recurre a las redes sociales para generar una ola de solidaridad, escudándose, nuevamente, en el argumento: “Estoy trabajando, no estoy robando”.
Pero lo cierto es que el espacio público está protegido por el artículo 82 de la Constitución, que impone al Estado la obligación de protegerlo como bien de uso común, y por normas locales que prohíben su ocupación arbitraria para fines comerciales sin permiso. No se trata de un capricho de las autoridades; se trata de proteger un derecho colectivo sobre el cual nadie puede arrogarse propiedad ni usufructo.
El derecho al trabajo es fundamental, por supuesto, está protegido por la Constitución en su artículo 25. Pero ningún derecho es absoluto cuando entra en colisión con otros. Esa es la esencia del principio de ponderación que debe guiar a los jueces, a los gobernantes y a toda sociedad que aspire a la convivencia armónica. El derecho al trabajo no puede estar por encima del derecho a la movilidad segura, a disfrutar del espacio público, a la seguridad, a la dignidad.
Aquí lo que falta no es solo aplicar la norma. Falta, sobre todo, recuperar el sentido de comunidad, de respeto a lo común, de entender que el derecho propio termina donde empieza el del otro. Falta pedagogía, sí, pero también decisión. No se trata de ser insensibles; se trata de entender que la legalidad es el único terreno donde pueden crecer los derechos sin atropellar los de los demás.
Nuestros gobernantes enfrentan un dilema que no admite titubeos: deben ponderar, sí, pero con humanidad y firmeza. Porque de lo contrario, lo que parece un acto menor –ocupar una acera, invadir un carril, vender sin permiso– terminará erosionando la institucionalidad, debilitando la igualdad y perpetuando ese círculo vicioso donde la norma solo es válida para unos, y la informalidad se vuelve el disfraz perfecto de la ilegalidad.
