Por Luis Adolfo Payares
En el siempre convulso mundo del torneo de ascenso del balompié profesional colombiano, las declaraciones del presidente de Llaneros FC, Juan Carlos Trujillo, han abierto un nuevo y controvertido capítulo. Su postura de no presentarse a un repechaje obligatorio en caso de lograr el ascenso venciendo al Unión Magdalena, argumentando que defendería su posición ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) frente a una eventual demanda de Real Cartagena, ha desatado una ola de comentarios y reacciones.
La opinión del señor Trujillo refleja un panorama complejo donde el fútbol deja de ser un espectáculo deportivo y se convierte en un campo de batalla legal. Es importante destacar que, según el dirigente, la clave para el ascenso reside en vencer al Unión Magdalena, independientemente del resultado en los penales. Esta interpretación del reglamento puede resultar cuestionable, pero también subraya cómo las normativas del torneo pueden prestarse a diversas interpretaciones, algo que solo contribuye a alimentar la incertidumbre.
Por otro lado, no se puede ignorar que Real Cartagena, ante la posibilidad de una apelación al TAS, también tiene fundamentos legales que podrían ser válidos. El problema radica en que esta “novela”, como muchos la han denominado, se está desarrollando más en los despachos y tribunales que en la cancha, un lugar que debería ser el único escenario para dirimir cuestiones deportivas.
En este contexto, la postura de Trujillo puede interpretarse como una estrategia mediática para ejercer presión y ganar terreno en la opinión pública, pero también como un reflejo de los vacíos y ambigüedades que persisten en la organización de los torneos. Esta situación no solo afecta la credibilidad del campeonato, sino que también erosiona la confianza de los aficionados, quienes ven cómo el fútbol pierde su esencia y se convierte en un interminable culebrón legal.
Es una opinión impopular, pero quizá necesaria, sugerir que el problema no es únicamente de los protagonistas actuales. Los vacíos normativos, la falta de claridad en los reglamentos y la constante judicialización del futbol son problemas estructurales que requieren una solución integral. Mientras estos temas no se aborden de manera seria, lo que hoy es un capítulo más de esta historia podría replicarse en futuras temporadas.
La expectativa ahora no solo está en el resultado de esta noche, sino en las consecuencias que este arrojará. En un torneo donde los puntos se disputan tanto en el campo como en los estrados judiciales, el fútbol colombiano parece condenado a vivir en una constante incertidumbre. La declaración de Trujillo y la posible denuncia de Real Cartagena son apenas el preludio de un desenlace que, lejos de aclarar el panorama, podría sumar más confusión a un deporte que, tristemente, está perdiendo su esencia.
