Por Danilo Contreras
Hay noticias que causan perplejidad entre meros ciudadanos como el autor de estas líneas y nos hacen albergar serias preocupaciones sobre nuestro sistema de justicia y la ola criminal que crece sin aparente contención. Dos casos actuales sirven de ejemplo.
Este es el primero. Leo el siguiente texto publicado por Julio Sánchez Cristo de La W Radio: “Tras la reunión de alias ‘Pipe Tuluá’ con el Ministerio de Justicia la semana pasada, próximamente se conocerá un comunicado firmado por el grupo delincuencial ‘La Inmaculada’, que anunció que su nombre cambiará a ‘La Paz del Norte del Valle’, en el que se comprometerán a que se garantizará que “no habrá muertes violentas durante un mes” en el Valle del Cauca. Además, habrá una reunión con el alcalde de Tuluá”. Vaya liberalidad extorsiva.
Como se sabe este sujeto preso en la Cárcel La Picota de Bogotá ha sido el instigador, desde su sitio de reclusión, de graves delitos en su ciudad de origen y en el Norte del Valle, incluidos atentados contra el actual alcalde y concejales del municipio; circunstancia que asombrosamente confeso en público durante una entrevista de 45 minutos (nada más y nada menos) que ofreció al medio de comunicación mencionado, en donde, sin rubor, expresó que no les tenía precio a las “cabezas” de los funcionarios referidos porque tenía gente que hacia lo que fuera ante una orden suya.
Hay varios puntos aquí que generan confusión: El primero es que no parecería existir explicación plausible para que un medio de entretenimiento, y a veces noticioso, como La W Radio, acceda a este tipo de entrevistas con personajes que, se supone, tienen restricciones en el uso de medios tecnológicos y de sus comunicaciones. El segundo es que un delincuente común de altísima peligrosidad entable o proponga diálogos formales con autoridades políticas como son los delegados del Ministerio de Justicia y eventualmente el alcalde de Tuluá, a quien persistente y efectivamente amenaza de muerte en forma pública; mucho menos cuando se supone que se trata de un delincuente sometido a la justicia por decisión judicial. Resulta contradictorio hablar de sometimiento a la justicia de este reo en particular, pues uno podría entender que hay reclusos que pese a su condición, no están sometidos a la justicia.
El otro caso que produce desasosiego respecto de la capacidad de nuestro sistema judicial, es el de la institución del principio de oportunidad que siendo una figura de aplicación excepcional (Sentencia C- 387 de 2014 de la Corte Constitucional) se va convirtiendo en formula de uso corriente y hasta manoseado; al punto que el profesor y exfiscal general Alfonso Gómez Méndez, algunas vez señaló que “El principio de oportunidad ha llegado a tales extremos que todos son testigos y no hay ningún procesado de verdad”.
El país tiene varias semanas aprendiendo, para bien o para mal, como funciona esta institución con el caso de los señores Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes, al igual que alias “Pipe Tuluá” se han paseado a sus anchas, como verdaderas vedettes, por cuanto medio de comunicación ha claudicado frente al morbo que produce entrevistar delincuentes. El cálculo de los sindicados es sencillo y lo han aprendido de expertos que tienen la doble condición de abogados defensores y exconvictos por corrupción, como ocurre con el doctor Luis Gustavo Moreno recordado por el caso del “cartel de la toga”: Prometen limosnas de verdad mientras se quedan con centenares de millones del erario público que nunca beneficiaran a las victimas de sus delitos. En otras palabras, se jubilan temprano con el sabor agridulce de una pena exigua y bolsillos rebosantes con el producto del latrocinio, para después de un tiempo verlos por ahí, muy carones, como decía mi abuela, presumiendo de su enriquecimiento express.
Lo cierto es que mucha de la verdad que la sociedad reclama en estos casos, ha sido descubierta por el lado luminoso que aún se encuentra en el periodismo investigativo nacional, mientras que la justicia hace gala de su renombrada cojera que la hace llegar de últimas.
Debo dejar como constancia necesaria en esta época de sectarismos en la que cualquier opinión condena (sin principio de oportunidad), que profeso desde los primeros años de derecho en el Claustro de San Agustín, la doctrina ilustrada expuesta por Cesare Beccaria en su inolvidable opúsculo “De los delitos y de las penas”, que aún después de dos siglos y medio sigue iluminando a juristas como Luigi Ferrajoli quien destaca la naturaleza pública, pronta, necesaria y sobre todo mínima y proporcional a las circunstancia del delito que debe tener la sanción penal, que también debe ser resocializadora.
Sin embargo, a los ciudadanos de a píe les cuesta observar que las penas aplicadas en estos casos no cumplen con la función legal de prevención general que debe buscar “intimidar” a futuros y potenciales delincuentes, pues ahora, en una sociedad en la que campean paradigmas traquetos, asumir la actividad riesgosa que ofrece el camino del crimen es pan comido con tal de satisfacer la avaricia y el afán del lujo que les otorga status a demasiados conciudadanos.
