Seis meses habría durado la investigación que le permitió a las autoridades dar con la captura de ocho presuntos integrantes del Clan del Golfo en el departamento de Bolívar y que tenían azotados a comerciantes, ganaderos e incluso contratistas de obras civiles con el cobro excesivo de extorsión.
Las labores fueron adelantadas por parte del grupo Gaula, lnteligencia Policial en coordinación con el Gaula Militar y Fiscalía General de la Nación. Según el reporte de las autoridades, 7 de las capturas fueron mediante diligencias de allanamiento y registro, y una en flagrancia.
Entre los señalados de la subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes, del ‘Clan del Golfo’, se encuentran José Manuel Varela Quintero, alias ‘El gato’, quien aparece en el cartel de los más buscados en Bolívar y le fue dictado medida de aseguramiento en centro carcelario.
Los demás capturados fueron alias ‘El hombre’, quien se desempeñaba presuntamente como sicario y cobrador de extorsiones, y le registran anotaciones por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, lesiones personales, homicidio y hurto; alias ‘Andreina’, ‘Ramoncito’, ‘JJ’, ‘Migue’ y ‘El Príncipe’, fungían como integrantes urbanos de esta subestructura, y alias ‘Vanessa’, quien se dedicaba a guardar las armas con las que se perpetraban los homicidios.
Los detenidos se encuentran en audiencias concentradas a esperas que un juez de control de garantías determine la medida a imponer en los próximos días.
Modus operandi
Mediante la modalidad clásica, estos presuntos delincuentes llegaban a cada negocio, local, fincas entre otros, y entregaban un panfleto donde se encontraban las imágenes insignias del ‘Clan del Golfo’ y un número de teléfono a donde se tenían que comunicar sus víctimas para iniciar con la cuota extorsiva que oscilaba entre los 500 mil y 1 millón de pesos.
Entre sus víctimas se encontraban contratistas de obras civiles, a quienes le exigían el 3% del valor del contrato para no atentar contra la vida de los trabajadores y a los ganaderos le cobraban 10 mil pesos por cada cabeza de ganado y 100 mil pesos por cada hectárea de tierra.
Los principales municipios donde realizaban estos cobros extorsivos son: Arjona, San Estanislao, Villanueva, Mahates y Calamar, obteniendo una renta criminal de 360 millones de pesos mensuales.
