Contra las cuerdas y en conteo preventivo se encuentran hoy dos exfuncionarios de la administración Dau y un contratista luego que una fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Bolívar les imputara cargos por su presunta responsabilidad en el delito de violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades.
Los presuntos implicados con esta decisión son el hoy aspirante al concejo Armando Córdoba Julio quien se desempeñó en el Gobierno de Dau como Secretario de Participación y Desarrollo Social; Adelfo Doria Franco quien es de la entraña de la hoy candidata a la alcaldía Judith Pinedo Flórez conocida como la Mariamula y se desempeño en la administración como exdirector Administrativo de la Oficina de Talento Humano y asesor del despacho e igualmente el contratista Jonathan Mauricio Ortiz Arnedo.
Los hechos ocurrieron en el 2020, y están relacionados con las supuestas irregularidades en la tramitación, aprobación y celebración de un contrato de prestación de servicios suscrito entre la Secretaría de Participación y Desarrollo Social con el abogado Ortiz Arnedo, para desarrollar proyectos de inversión relacionados con la atención integral de los adultos mayores en Cartagena.
La contratación, se habría realizado sin que el profesional de derecho aportara sus acreditaciones de estudios, de experiencias laborales y certificados de las entidades de control y contra él pesa una sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad por 11 años emitida por la Inspección Cuarta de la Policía Nacional desde el 2014.
Se evidenció además que Armando Córdoba Julio durante la etapa de trámite no le habría exigido a Ortiz Arnedo esos documentos reglamentarios y que Doria Franco, habría aprobado y celebró el mentado contrato sin evaluar, constatar ni exigir los soportes.
