Por Danilo Contreras
Uno de los rasgos relevantes del proyecto de modernización que impulsa el gobierno distrital consiste en reconcentrar el poder en la Alcaldía Mayor y debilitar por completo el nivel descentralizado por servicios representado por entidades como el IPCC, IDER, CORVIVIENDA o DISTRISEGURIDAD, entre otros.
El documento de exposición de motivos es contundente al señalar que: “Es interés del proyecto de modernización y rediseño institucional proponer el desarrollo de la descentralización del Distrito de Cartagena a través de sus alcaldías locales…”, para justificar, más adelante, desde el punto de vista fiscal dicha transformación en el nivel de dependencia del sector descentralizado respecto del flujo constante de transferencias procedentes del nivel central y la dudosa acusación de ausencia de esfuerzos fiscales para la generación de recursos propios.
Por razones de espacio proponemos solo tres observaciones para contribuir a una deliberación pública rigurosa y necesaria, por las implicaciones que el proyecto de “Modernización” tiene frente a la crisis institucional de la administración distrital que hace metástasis en la actualidad, luego de un tortuoso proceso de incubación de años de desgreño administrativo y corrupción. Las anotaciones son como siguen:
- DEBILIDAD DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA LIQUIDACION DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS: Brilla por su ausencia en las justificaciones expuestas por el distrito, una labor seria de análisis, que conforme los manuales de rediseño para entidades del orden territorial que tiene publicados el Departamento Administrativo de la Función Pública, que enseñan, conforme al buen sentido, que en la fase de diagnóstico de la estructura administrativa, es menester realizar un DOFA que permita un acercamiento a la misión y el objeto de las entidades materia de reforma, un análisis de sus funciones generales, así como de la capacidad institucional desarrollada por cada dependencia a través del tiempo, para proceder seguidamente a un análisis de procesos, financiero, de revisión de metodologías y prestación de servicios al público.
De tal verificación debe surgir la necesidad de acabar con una institucionalidad y determinar los beneficios que traerá en el futuro transferirlas a otras dependencias, lo cual no es una facultad discrecional de la administración, sino por el contrario, una función reglada por la preceptiva contenida en el artículo 52 de la ley 489 de 1998, que entre otras causales para la supresión de entidades consagra que “Los objetivos señalados al organismo o entidad en el acto de creación hayan perdido su razón de ser, ora que de las evaluaciones de la gestión administrativa efectuadas por el Gobierno, aconsejen su supresión o la transferencia de funciones a otra entidad”, entre otras.
Como queda visto arriba, la solitaria razón esbozada en el documento técnico parece radicar única y exclusivamente en la aducida pereza fiscal de las entidades descentralizadas para procurarse sus propias fuentes de recursos, como si ese fuese un mal exclusivo de estas y no una enfermedad extendida por todo el cuerpo de la administración.
En efecto, el mal esta diagnosticado desde hace años. En el documento “Necesidades de inversión y escenarios fiscales Cartagena”, elaborado por Jaime Bonet-Morón y Yuri Reina-Aranza, en la serie Documentos de Trabajo sobre economía Regional (2015) se lee: “Los resultados muestran que los recursos son insuficientes en el mediano plazo y que existe una disparidad en la ejecución de ingresos y gastos que implica que un porcentaje no despreciable de fondos se queden sin ejecutar, lo cual también frena la atención de las necesidades de inversión. Adicionalmente, las fallas en ejecución de algunos proyectos reflejan una mala calidad del gasto que se convierte en una barrera importante para cerrar las brechas sociales y de infraestructura. La recomendación central del trabajo apunta a optimizar la gestión fiscal en los dos frentes: ingresos y gastos”. (subrayas fuera del texto).
Entonces el mal que se endilga al nivel descentralizado es enfermedad agravada en el nivel central.
- SE PLANTEA TRANFERIR TODA LA RESPONSABILIDAD DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS A LAS ALCALDÍAS LOCALES EN EL MOMENTO EN QUE CUNDE LA CORRUPCIÓN EN TALES DEPENDENCIAS: Hace pocos días en su cuestionable estilo, el alcalde William Dau Chamat causó revuelo por cuenta de sus sindicaciones al alcalde menor de la localidad Industrial y de la Bahía por presuntas irregularidades en la inversión de cuantiosos recursos públicos. Dau declaró a medios de prensa que “De los 24 contratos ejecutados en 2021 por parte de la Alcaldía de la Localidad 3, con un presupuesto de $10.197 millones, 13 procesos contractuales fueron designados para capacitaciones, con una cifra que asciende a los $6.700 millones. Es decir, el 74,32 % del presupuesto distribuido por el Plan de Desarrollo Local para la Localidad Industrial y de la Bahía”.
Si por la localidad tres llueve, en la localidad dos no escampa. Los medios reseñan también por estas calendas que “Debido a la investigación disciplinaria por presuntas irregularidades en el ejercicio del cargo, el alcalde de la Localidad de la Virgen y Turística (Localidad 2) del Distrito de Cartagena, Andy Reales Arroyo, fue suspendido de forma provisional”.
Pero el alcalde menor de la localidad uno no escapa a los escándalos. En plena pandemia se conoció que “La Procuraduría General de la Nación citó a audiencia al alcalde de la Localidad Histórica y del Caribe Norte de Cartagena, Luis Hernán Negrete Blanco, por presuntas irregularidades en la compra de insumos sanitarios y de protección para prevenir la expansión de la covid-19.
“De acuerdo con la investigación de la Procuraduría Provincial de Cartagena, el funcionario habría adquirido los elementos por un costo de $599 millones, sin identificar claramente la necesidad de la compra, pues no habría especificado a qué población se entregarían los insumos ni con base en qué motivos, condiciones o circunstancias se determinarían los beneficiarios de los mismos”.
Entonces resulta paradójico que el alcalde de la “lucha contra la corrupción” avale a través de su propuesta de reestructuración que la descentralización en el Distrito recaiga plenamente en las alcaldías locales en uno de sus peores momentos en materia de gestión administrativa, desgreño y ausencia de transparencia.
- LAS INSTITUCIONES MUESTRAN SU VALÍA EN ÉPOCAS DE CRISIS: La descentralización administrativa, que es territorial, por servicios o por colaboración, ha sido entendida no solo como una herramienta jurídica que facilita y mejora la prestación de servicios públicos a la ciudadanía, sino como formula para atenuar la concentración de poderes en el nivel central de la administración y en consecuencia como una mecanismo efectivo de pesos y contrapesos en el ejercicio del poder a efectos de evitar los autoritarismos.
Si esto es así, el análisis de la pertinencia de las entidades descentralizadas no puede restringirse solo a criterios de orden estrictamente técnicos o administrativos, sino, también, es preciso hacer consideraciones de carácter eminentemente político.
La coyuntura, nuevamente, nos muestra la valía estratégica de la institucionalidad descentralizada en casos como el del IPCC, que conocemos y hemos documentado.
En efecto, en la actualidad el proyecto de infraestructura más estratégico y cuantioso que se adelanta en la ciudad es el denominado proyecto de Proyección Costera, en el cual el Distrito no solo se juega la eficiencia de una inversión que supera los $160 mil millones, sino la pervivencia de la ciudad tal cual la conocemos frente a los fenómenos de elevación de mareas por cuenta del cambio climático, amen del riesgo de su declaratoria como patrimonio histórico y cultural de la humanidad conforme declaración de la UNESCO.
Pues bien, ha sido justamente el Comité Técnico de Patrimonio del Distrito, organismo consultivo adscrito al IPCC por mandato legal, integrado por reconocidos expertos de la ciudad en materia de conservación de nuestro patrimonio monumental, la entidad que con valor cívico y responsabilidad misional, ha cuestionado el proyecto referido por considerar que su construcción se constituye en un grave atentado al patrimonio monumental de la ciudad, en especial el constituido por la denominada Escollera Sumergida de la Marina, y en general por adelantarse tales obras en zona de influencia del patrimonio configurado por el cinturón de murallas del Centro Histórico, sin contar con las autorizaciones imperativas de que trata la ley 1185 de 2008 y que deben emanar del Ministerio de cultura de Colombia, aparte de serios cuestionamientos técnicos a las obras que obligaron a dicho organismo a rendir concepto desfavorable al adelantamiento de dicha obra en el sector de recinto amurallado.
El valor estratégico de la descentralización en este caso ha radicado en la oposición de los expertos al criterio autoritario de la Alcaldía de Cartagena que, contrariando numerosas normas de obligatorio cumplimiento, ha querido evadir los conceptos autorizados de Comité Técnico que en actas de septiembre y noviembre de 2021, ya anunciaban las irregularidades mencionadas, esto es, antes del inicio del proyecto en zona de afectación. Ese criterio ha sido ratificado en acta de reunión del Comité en el mes de abril de este año.
Uno no puede evitar preguntarse si este tipo de posiciones son las que llevan a una administración, cuyo talante autoritario es inocultable, a hacer tabla rasa de lo poco que tenemos de descentralización por servicios en la ciudad.
Finalmente, es preciso llamar la atención sobre la mendacidad de la supuesta participación que se ha ofrecido a los sindicatos del nivel descentralizado del distrito en materia de estructuración del proyecto de “modernización”. Y digo que es mendaz la supuesta participación, pues esa es la denuncia que tales organizaciones se han cansado de hacer, ante la inmutable actitud de exclusión de las autoridades distritales.
No puede avanzar el criterio de que una simple presentación a los interesados mediante un power point, sin espacio para contrastar ideas e inquietudes, puede seguir siendo considerado un proceso de construcción colectiva, pues en realidad no lo es.
Creemos que es mejor depararle en destino de un hundimiento rápido al proyecto de “Modernización” que mantenerlo a flote mientras lo que se hunde sin remedio es la ciudad y sus habitantes ante tanta incapacidad.
