Amparar la protesta pacífica, proteger el peaje y los funcionarios de la concesión fue la solicitud que hizo, a través de una carta, el secretario del Interior, David Múnera Cavadía, al comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena. El funcionario solicitó que se adelante un dispositivo suficiente, permanente y sostenido hasta tanto se de el fallo que determine una solución definitiva al tema del peaje en Parqueamérica y que garantice la tranquilidad y el orden público.
La tensa situación que se vive en este punto de la ciudad se ha dejado crecer por cuenta de una administración distrital que, de alguna manera, no quiso toma las medidas oportunas en su momento. Los desmanes y ataques fueron creciendo como una gran bola de nieve sin freno. La omisión del Distrito puede desembocar en una demanda contra el alcalde William Dau por el presunto punible de fraude a resolución judicial.
El Tribunal de Arbitramento entró a mediar y solicitó a la Alcaldía de Cartagena que, en un término de tres días informe sobre el cumplimiento que le ha dado a la medida cautelar que se profirió el 29 de septiembre y en la que se le ordena abstenerse de iniciar o continuar cualquier actuación que modifique los cobros en los peajes de Parquiamérica y Abocol. Recordemos que la medida cautelar firmada en la Defensoría del Pueblo conminó al alcalde Dau a mantener el orden público a través de policías y agentes de tránsito y hasta el momento esto se ha incumplido.
ESOVA NOTICIAS pudo establecer en conversación con expertos en la materia que en derecho existe una institución universal que se denomina la EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO, quiere decir esto que si una parte no logra cumplir con su compromiso, la otra tampoco cumplirá. El panorama no pinta nada bien y esto obliga y pone contra las cuerdas a la administración para que cumpla si o si con lo pactado.
A BAJAR LA CALENTURA
La calentura con la que ha comenzado esta protesta debe dar paso a la sensatez, al análisis y al trabajo de la mano con la legalidad. El fallo de la Contraloría General de la República confirmó un posible detrimento patrimonial, a lo que Convial sostuvo que no se trata de decisiones de fondo sino autos de trámite donde los presuntos implicados tienen derecho a dar explicaciones y pruebas en su defensa. Todo está en manos de la administración distrital para que asuma un compromiso con autoridad.
