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¡1977, el paro más grande y violento en la historia del país!

Tomado de El Pacifista

El 13 de septiembre de 1977 quedará grabado en la memoria de los colombianos. Antes de la medianoche se esperaba que el recién elegido gobierno del presidente López Michelsen acogiera las reformas que pedían las centrales obreras. La señal marcó entonces el que miles de personas salieran a la calle y protagonizaran el paro cívico más grande y violento en la historia reciente del país.

Una gran expectativa se tenía tras la elección del liberal López Michelsen. El país venía de una crisis por el llamado Frente Nacional. La situación fue aún más crítica en el país. Los analistas dan cuenta de que comenzó la consolidación de grandes monopolios en Colombia y arrancó en firme lo que se denominaba en neoliberalismo.

El ambiente era tenso en el país. En 1974, para corregir el déficit fiscal, López Michelsen decretó emergencia económica. La inflación subió, se eliminaron subsidios y se incrementaron las tarifas de servicios públicos. Buena parte de las mayorías que lo habían elegido estaban decepcionadas e inconformes con esas medidas. El periodo presidencial que el mismo López había bautizado “el mandato claro” empezó a llamarse popularmente “el mandato caro”.

Se comenzó a cocinar entonces el paro nacional con marchas que desde mayo de 1977 se estaban convocando por parte del partido comunista. El ambiente era de incertidumbre y angustia. Según el portal PACIFISTA En agosto se anunció la realización de una huelga general, pero el entonces ministro de Trabajo, Rafael Pardo Buelvas, la tachó de subversiva.

OCHO EXIGENCIAS Y EL BALÓN ESTABA EN EL CAMPO DEL GOBIERNO

Mientras se preparaba el paro, el comité de sindicalistas le pasó la pelota a López Michelsen para evitarlo. Redactaron un pliego con ocho exigencias, que iban desde fijar la jornada laboral en ocho horas hasta quitar el impuesto a las ganancias ocasionales y a las cesantías, y se lo dieron advirtiéndole que de no tomar medidas se vendría una gran movilización. Las medidas no se tomaron.

Por el contrario, la respuesta del Gobierno fue seguir tachando el Paro de subversivo. Con el apoyo de la Fuerza Pública y de los medios de comunicación, se condenó toda la iniciativa de protesta y se exigió respetar la ley y el orden. En agosto se expidió un decreto que imponía arresto entre uno y seis meses a quienes organizaran o participaran de cualquier manifestación popular. A principios de septiembre se prohibieron las concentraciones públicas. El 13 de ese mes se restringió hasta el tránsito de motos “para evitar que se cometan delitos o se rieguen tachuelas”.

El intento de amedrentar a los inconformes surtió el efecto contrario: se enardecieron más. Cuando sonaron los voladores en la víspera del 14 de septiembre, Bogotá era un cóctel de intereses y desacuerdos esperando manifestarse. El Paro lo lideraba un comité conformado por el CSTC, la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), la Unión de Trabajadores de Colombia (UTC) y la Confederación General del Trabajo (CGT). A la convocatoria netamente obrera se sumaron docentes y estudiantes, empleados independientes y amas de casa, milicianos de varias guerrillas y conservadores de la oposición.

SE UNIERON LOS BARRIOS POPULARES

Lo que inicialmente fue concebido como una huelga nacional de trabajadores, que eventualmente podía contar con el apoyo de barrios populares, se convirtió en un estallido de toda la inconformidad del país. La organización se le salió de las manos al comité sindicalista que había orquestado todo. Desde la noche anterior al Paro, algunos barrios populares se preparaban amontonando llantas, consiguiendo botellas de alcohol y alistando mechas. El primer objetivo era paralizar el transporte.

A la madrugada del 14 de septiembre, cientos de personas bloquearon las grandes arterias viales de la capital: la Caracas, la Avenida 68 con Autopista Sur, el tramo de Soacha a Bosa, la Avenida Primero de Mayo. Muchos manifestantes sembraron clavos y vidrios y regaron aceite en las calles. La Revista Alternativa escribió: “los vivas enardecidos y espontáneos del pueblo pauperizado expresaron su rechazo a la explotación del capital; las mujeres, los niños y los adolescentes sentaron su protesta especialmente energúmena contra la miseria creciente; los choferes y taxistas se sumaron a la paralización del transporte. Los comités de barrios organizaron barricadas y brigadas que bloquearon efectivamente el tránsito de buses y de automóviles, garantizando el éxito del paro”.

En la mañana empezó la confrontación con la Fuerza Pública. Los blancos de quienes agitaban la protesta eran el transporte, los policías, los grandes almacenes y los bancos. Los enfrentamientos se recrudecían. Grupos de manifestantes se tomaron varias fábricas y las saquearon. Incendiaron más de 19 carros, según el balance de la Policía. Se ensañaron contra los almacenes Only y los almacenes Yep. Asaltaron la Alcaldía de Tunjuelito y cortaron los circuitos eléctricos en Kennedy y el Quiroga.

Solo hasta la noche del 15 de septiembre desalojaron los que quedaban protestando todavía. Para esa hora el balance era aterrador. La ciudad tenía un tono postapocalíptico: los incendios recién apagados, los esqueletos rostizados de carros, vidrios rotos y tachuelas regadas por las avenidas principales. La ciudad se había salido de control. Entre veinte y treinta personas murieron, la mayoría jóvenes menores de 25.

Cuando acabó el Paro, las consecuencias para los trabajadores fueron una ‘victoria’. Aunque algunos lo calificaron como demagogia, el salario mínimo subió tres veces en los ocho meses siguientes, a la vez que el salario en la industria subió 16 puntos. La unidad sindical se mantuvo y otras movilizaciones más pequeñas tuvieron lugar en regiones. Durante el año siguiente se hicieron al menos veinte paros cívicos más, todos de menor escala.

Aparte de la concesión con el alza del salario, el balance del Paro fue adaptado a los intereses de distintas orillas políticas. Medófilo Medina, uno de los historiadores que más sabe de protestas sociales en el país, recordó en una entrevista que “el establecimiento asumió que había sido un ensayo general de derribamiento del Sistema”. Es decir: el Gobierno interpretó lo que había pasado como la posibilidad de una revolución. Entonces dedujo que había que adoptar una política represiva.

Imagen tomada del diario El Espectador.

En diciembre de ese mismo año, 33 mandos de las Fuerzas Militares visitaron al Presidente. Fueron a proponerle, en vista de las circunstancias, la adopción de una legislación de emergencia para dar facultades extraordinarias a las Fuerzas en el marco de las protestas sociales. López no aceptó, pero el año siguiente, cuando entregó el cargo a Julio César Turbay, el que entró como ministro de Guerra fue el general Luis Carlos Camacho, uno de los 33 que había llevado la propuesta. Esa propuesta, dicen, fue la base del Estatuto de Seguridad de Turbay.

La extrema izquierda, desde la otra orilla, no tuvo una interpretación tan lejana de los hechos. También lo entendieron en clave de insurrección. El M-19, dice Medófilo Medina, derivó de esa lectura el robo de cinco mil armas del Cantón Norte. La idea, según él, no era más que darle esas armas al pueblo, que estaba listo para la revolución. Las Farc estaban en la misma línea. En la VII Conferencia, de 1982, plasmaron una nueva estrategia. Alguno de sus dirigentes llegó a decir que al Paro de 1977 solo le faltaron los fusiles. Por esa época agregaron a su nombre el “EP (Ejército del Pueblo)” y fortalecieron su brazo urbano, que eventualmente se vincularía a las fuerzas sociales que tomaron fuerza a raíz del paro y que terminaron fundando la Unión Patriótica en el marco del proceso de paz de Belisario Betancur.

Uno de los manifestantes que fue detenido por “perturbar el orden público”. Imagen tomada del diario El Tiempo.

Casi cuarenta años después, varios síntomas se repiten. Este jueves habrá paro. La Confederación General del Trabajo (CGT), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), agrupadas en el Comando Nacional Unitario, convocaron una gran manifestación nacional. Aunque, por medio de un comunicado, respaldaron el proceso de paz, dijeron también que están inconformes con muchas de las otras medidas que ha tomado el gobierno de Santos.

La movilización, como en los setenta, pretende trascender los intereses de las centrales obreras. Hay un clima de crítica frente a varias decisiones que ha tomado el Gobierno en el último año y algunas de las medidas que ha tomado el nuevo alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. Por las exigencias del Comando Nacional Unitario, parece que no hubieran pasado casi 40 años: la revisión del salario mínimo, la reducción del 12% al 4% de los aportes de los pensionados a salud, la reducción y congelación de los precios de los combustibles, la congelación de precios de los productos de la canasta familiar y el cumplimiento de los acuerdos firmados por el Gobierno con las organizaciones campesinas y con los camioneros.

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